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Contratos ilegales: Piden cárcel para Mérida y “clan mafioso” que se adjudicó el almuerzo escolar

Por Admin Peršon (Author)

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Cochabamba, 10 de Octubre de 2018 (Red País).- La corrupción se expandió como un cáncer en estado terminal en todas las reparticiones municipales de Quillacollo en la gestión del exalcalde Eduardo Mérida Balderrama, al extremo que no perdonó ni la provisión del servicio del desayuno y almuerzo escolar, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas.

Las protestas que protagonizan los padres de familia de los colegios Calama, Franklin Anaya y San Martín de Porres, exigen el almuerzo escolar sin recortes en cumplimiento del decreto edil firmado por el exalcalde Mérida, pese a que se demostró la ilegalidad del mismo debido a que los cursos inferiores no cumplen con la carga horaria de ocho horas.

El origen de las movilizaciones que paralizan el centro de Quillacollo se debe a la adjudicación del almuerzo escolar a una empresa unipersonal formada por Jovana Maldonado, Mónica Ledezma y Magaly Luján, un “clan mafioso” que “ganó” la provisión de los alimentos por decisión de Mérida. Pudo más el negocio que la legalidad en su adjudicación, lo que ahora motiva protestas de los padres de familia en contra del actual alcalde Zacarías Jayta Berríos.

ANTECEDENTES

Los hechos ilegales fueron denunciados el pasado 17 de mayo por el concejal del Movimiento Demócrata Social (MDS), René Fernández, y se formalizó ante el Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia y Procuraduría General del Estado, por existir daño económico de más de dos millones de bolivianos.

Dicha autoridad presentó el 4 de junio una denuncia formal ante los fiscales anticorrupción en contra del alcalde Eduardo Mérida y ocho funcionarios municipales, entre ellos la responsable de Contrataciones, Magaly Luján Rojas, por irregularidades en la adjudicación del almuerzo escolar para los alumnos de los tres colegios mencionados.

El servicio fue adjudicado por dos millones de bolivianos a una empresa unipersonal que declaró un patrimonio de 70 mil bolivianos, y se lo hizo en un solo día.

Los delitos por los que serán enjuiciados los nueve funcionarios, están tipificados como Uso indebido de influencias, Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, Incumplimiento de deberes, Contratos lesivos al Estado y Conducta antieconómica.

En la querella, el concejal Fernández, pide también la detención preventiva de los implicados en la cárcel de Quillacollo.

Los padres de familia tienen conocimiento de esta realidad, pero no les interesa tratar debido a una alianza con Mérida, por lo que se sospecha que las protestas son financiadas por la exautoridad edil para tapar el caso de corrupción.

CONTRATOS ILEGALES

Según el concejal denunciante, se trataría de contratos ilegales porque no existen documentos que respalden la experiencia de la empresa unipersonal en provisión de alimentos, ya que se verificó que su domicilio legal es una fotocopiadora y no un almacen que reúna requisitos de inocuidad e higiene debidamente certificados por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Fernández afirmó que se favoreció ilegalmente a Mónica Ledezma porque todo el proceso de contratación se realizó en un solo día y con un capital mínimo de 70 mil bolivianos para adjudicarse un servicio de dos millones de bolivianos para beneficiar a 2.300 estudiantes de colegios técnicos.

El proceso de adjudicación se repitió en la gestión 2017, y se sospecha que se trata de familiares de la esposa del alcalde Mérida, quienes proveen de verduras, carnes, papas y otros alimentos para el almuerzo escolar.

VJMS// AMG

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