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Investigación de fortunas: Piden detención preventiva de Mérida y su esposa por enriquecimiento ilícito

Por Cbba Cbba (Author)

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Cochabamba, 8 de marzo (Red País).- Tras la suspensión de la audiencia de declaración informativa del alcalde Eduardo Mérida, de su esposa Jovanna Maldonado y su cómplice Richard Agreda, el Concejo Municipal de Quillacollo, en la próxima cita judicial pedirá la detención preventiva de los tres implicados en los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas o lavado de dinero.

La declaración informativa debía realizarse la mañana de este jueves 8 en la Fiscalía Anticorrupción de Cochabamba, que fue suspendida por la carga procesal en esa instancia. La nueva audiencia se reprogramó para el viernes 16 de marzo a las 15.00.

El nuevo juicio forma parte de un conjunto de 56 procesos que enfrenta Mérida, algunos antes de ser autoridad y 26 en el ejercicio de sus funciones de alcalde. El presente caso involucra a su esposa y a un cómplice que cumplió las tareas de intermediario en hechos de extorsión, venta de cargos municipales, cobros ilegales, imposición de diezmos a contratistas y proveedores, además de loteamientos en zonas prohibidas por el Plan de Ordenamiento Urbano de Quillacollo, vigente desde 1990.

La nueva denuncia se desprende del bullado caso “audios de la corrupción”, que fue sobreseído ilegalmente pese a las pruebas irrefutables por los fiscales Samuel Vargas, Roxana Guzmán y Vilma Chileno, por cuya causa ahora son procesados por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes.

FORTUNA ILÍCITA

Según el abogado del Concejo Municipal de Quillacollo, Walter Carlos Torrico, la denuncia en contra de Mérida y su esposa tiene que ver con el incrementado desmesurado de su patrimonio desde que asumió el cargo el 2 de junio de 2015. La investigación se ajusta a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que fue requerida por los fiscales mencionados.

Dijo que el análisis financiero y patrimonial del trámite de referencia, se generó del informe de inteligencia del 25 de julio de 2017 que fue remitido a las autoridades pertinentes y que “sólo podrá ser utilizado a objeto de investigar la legitimación de ganancias ilícitas o lavado de dinero”.

Precisó que el informe oficial lleva la firma del director General Ejecutivo de la UIF, Alejandro Taboada Muñoz, el mismo que fue remitido a los fiscales anticorrupción de Quillacollo el 26 de enero de 2018, y luego derivado por los mismos el 31 del mismo mes al fiscal de Distrito de Cochabamba, Oscar Vera.

INFORME DE LA UIF

Según el informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial (Trámite Sicod Nº 39673 – SADI Nº 6256), Eduardo Mérida Balderrama, Jovanna Maldonado Villarroel y Richard Agreda Torres, desde fines de 2014 realizaron operaciones bancarias sospechosas. El periodo de análisis comprende desde 2014 hasta julio de 2017.

Se estableció que tanto Mérida y su esposa hicieron movimientos millonarios, sin justificar el origen de los dineros, por lo que se sospecha de dineros provenientes de la corrupción, concretamente de los ligados a los “audios de la corrupción”, es decir de cobros ilegales, diezmos, venta de cargos y loteamientos ilegales.

Con esos dineros cancelaron deudas bancarias, compraron vehículos nuevos, casas, terrenos, abrieron farmacias y realizaron viajes a Buenos Aires, Panamá y Brasil. En ese periodo, Mérida y Maldonado ya tenían arraigo y pagaron fianzas por cerca de 250 mil bolivianos, que tampoco explican de dónde sacaron los dineros.

Las transacciones se realizaron en los bancos Nacional de Bolivia, Solidario, Fortaleza, BISA y Cooperativa Incahuasi.

DECLARACIONES FALSAS

Asimismo, Mérida realiza declaraciones juradas de sus bienes y rentas contradictorias y mentirosas, ya que declara tener una casa en el Barrio Coboce por un valor de un millón, pero la misma no está registrada en Derechos Reales.

De la misma manera compran una casa en la avenida Suárez Miranda esquina Carmela Cerruto, para cuyo efecto venden una casa en Santa Cruz por 218.900, pero sólo declararon 100 mil bolivianos.

Estos y otros detalles que forman parte del informe de la UIF, sostienen que los imputados Mérida, Maldonado y Agreda, están implicados en “operaciones sospechosas presuntamente vinculadas al delito de Lavado de dineros o legitimación de ganancias ilícitas en su etapa de colocación, por lo que se recomienda remitir el presente informe a la autoridad competente”.

VJMS//AMG

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