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La engañosa justificación del "Rating"

Por Admin Peršon (Author)

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Autor: César del Castillo

No comparto la línea editorial de Gigavisión. Mis principios y valores no coinciden con los del medio en cuestión. Sin embargo, no voy a dejar de expresarme sobre la decisión del gobierno de cortar la publicidad a esa empresa porque tal acción tiene una sola connotación: castigo.

Dirán algunos que, en el pasado reciente, ése y otros medios recibieron mucho dinero. Dirán otros que se lo merecen por haber sido afines al anterior gobierno. Respeto, pero no comparto esas opiniones porque la democracia debería reconstruirse con otro tipo de valores.

En una entrevista concedida a Página Siete, escuché que la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, habló de “rating”. Y, lamentablemente, vinieron a mi memoria declaraciones de una de sus antecesoras -Amanda Dávila, del MAS- cuando justificaba el veto a algunos medios y el premio a otros que hacían coros y alabanzas al anterior gobierno.

No me imagino qué rating manejaban Dávila y compañía; pero, en la entrevista de Página Siete, la ministra Fernández mostró gráficas de los datos que supuestamente maneja el gobierno trasitorio. Los documentos presentados ameritan una serie de consultas y pedidos de aclaraciones:

1) ¿Cuál es el origen de esos datos? ¿Qué empresa o institución los genera? ¿Cuándo se contrató y cuánto paga el Ministerio por ese servicio?

2) ¿Asumiendo que existe respaldo legal, fue contratación directa o por licitación?

3) ¿Cómo se ha validado la metodología, cuál es la muestra? ¿son datos nacionales o sólo del eje troncal? ¿son urbanos y rurales?

4) ¿Tratándose de un mecanismo que permite asignar recursos públicos, instituciones estatales, como el INE por ejemplo, avalan los resultados?

5) Desde el punto de vista técnico y tecnológico, casi todos los países usan sistemas de medición de audiencias en tiempo real. Es decir, a cada instante se puede medir el desempeño de un programa y la competencia. Minuto a minuto, hora por hora y día por día. ¿Así se mide en Bolivia?

6) Sondeos telefónicos, boletas y cuadernillos son sistemas obsoletos. Los datos tardan en llegar entre siete y quince días. No pueden ser considerados confiables para el avisaje estatal y menos en la situación de emergencia sanitaria que se vive en todo el país.
Entonces, ¿Qué calidad tiene el rating del que nos ocupamos?

Algunos indicios que llaman la atención:

1) Hasta donde pude investigar, la empresa VíaCiencia estaría generando el rating que utiliza el Ministerio de Comunicación. La misma, forma parte de un conglomerado colombiano que, en enero de 2019, se registró en España y llegó a Bolivia entre febrero y marzo del mismo año.

2) Semanas antes de las elecciones del 20 de octubre, las principales redes de televisión de Bolivia negociaron con la empresa colombiana y optaron por un solo proveedor de datos para el conteo rápido de votos. En otras palabras, la información fue la misma, sólo cambiaron escenografías y panelistas. 
En votaciones anteriores a las de 2020, por lo menos dos empresas generaban ese tipo de datos: Equipos Mori y Apoyo.

3) Después de las elecciones, VíaCiencia logró un acuerdo con las redes de televisión para monitorear las audiencias.

Ahora bien, las redes privadas –que constituyen un oligopolio- son libres de tomar los mecanismos que consideren necesarios para medir su competencia y resultados. Como mencionaba la ministra Fernández, hay dos o tres canales que pelean los primeros lugares. Cada punto de rating significa miles de espectadores y millonarios ingresos publicitarios.

Aparentemente, el rating pagado por algunas redes es entregado al Ministerio de Comunicación y ése es uno de los parámetros fundamentales para la asignación del avisaje estatal o, como en el caso de Gigavisión, para reducir a cero la publicidad del gobierno. Situación que, de ser cierta, incluso podría motivar una investigación para establecer responsabilidades administrativas.

Este modelo genera varios cuestionamientos:

1) Dos o tres medios podrían llevarse más de la mitad de la inversión publicitaria gubernamental.

2) Los competidores dominantes fijan el costo/segundo de acuerdo a sus parámetros estrictamente empresariales. Peces grandes tienden a comerse a peces chicos. Visión totalmente contradictoria con un Estado Plurinacional que debería preservar y garantizar la pluralidad de voces y visiones.

3) El gobierno, al caer en este juego, fortalece un modelo asimétrico en el que se llenan las arcas de los medios grandes y, en contraste, medios medianos o pequeños sobreviven con lo que pueden incluso a costa de la estabilidad y el empleo de los trabajadores.

4) Lo más grave: este modelo toma al público como un mercado de consumidores y no como un conglomerado de ciudadanos. Por ende, el mensaje es mercancía de consumo y no contenido que aporte en la reflexión y el análisis.

Es muy beneficioso para unos pocos empresarios que, además, son banqueros, terratenientes, ganaderos, dueños de supermercados, etc.

Desde el Estado, ¿es razonable pensar que todo es rating?

Definitivamente no. La información es un bien público, no una mercancía. No se puede usar el mismo mecanismo para vender gaseosas o cervezas que para informar y orientar a los ciudadanos. 

No se trata de convencer al mayor público posible de comprar algo, sino de informar a todos los públicos posibles de algo, para que sean ellos quienes desde su realidad tomen sus decisiones. La pandemia es el ejemplo más claro.

Por eso, un Ministerio debe formular políticas nacionales de comunicación y no funcionar con la misma dinámica de una agencia publicitaria.

Respecto al muy relativo valor del rating, cito algunos hechos que bien pueden contribuir al debate:

1) La entrevista de Ximena Galarza al Ing. Edgar Villegas, que cambió el rumbo en la defensa del voto ciudadano de las fallidas elecciones, fue realizada en TVU, un canal “sin rating”, pero marcó un hito en nuestra historia reciente.

2) De Cerca, tal vez el programa de entrevistas más importante de los últimos 20 años, nunca tuvo altos niveles de rating, pero siempre fue muy influyente.

3) Algo que vemos todos los días. Unitel, el canal que supuestamente tiene el mayor rating de Bolivia, se resiste a producir una revista informativa nocturna como son Anoticiando, Que No Me Pierda, o No Mentirás. Prefiere optar por dramas turcos o narconovelas. Gana en rating, en publicidad y en dinero. ¿Quién pierde?

4) La tiranía de rating atenta contra la producción nacional. Ya no existen programas infantiles en las tardes. Para los empresarios, Caso Cerrado, La Rosa de Guadalupe o cualquier otro enlatado es más rentable y menos complicado.

5) Un canal “sin rating” denunció el uso ilegal de aviones para fines particulares en plena pandemia, y las denuncias resultaron ciertas.

Por las razones expuestas, ratifico mi posición de que la decisión asumida por la Ministra respecto a Gigavisión es por represalia y no por política de comunicación. Difícilmente el Ministerio de Comunicación podría soportar un escrutinio severo sobre ésta y otras decisiones.

Urge la aprobación de una norma que establezca parámetros reales y no oscuros para la inversión en publicidad estatal. Norma que debería a abarcar a empresas estratégicas y gobiernos subnacionales, y que, además, incluya mecanismos de pagos oportunos y transparentes para evitar calvarios como los que viven trabajadores de PAT.

Ahora todos hablan del Ministerio de Comunicación, del gobierno pasado, de ATB y PAT. Pero, si se hiciera la misma investigación en alcaldías y gobernaciones, se podrían encontrar iguales o peores contubernios y se podría entender la conducta complaciente con los poderes locales de muchos medios y personajes, en todos los departamentos.

El poder y los recursos del Estado deben estar siempre al servicio de los ciudadanos y no de unos pocos grupos o personajes afortunados, influyentes y cercanos, que circunstancialmente ocupan espacios de decisión.

 

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